Gerardo Lucas: Realidad y ficción.
octubre 05 2026, 8:07 am
Los venezolanos estamos siendo bombardeados por informaciones, tanto del gobierno nacional como del norteamericano, sobre un supuesto diluvio de inversiones que van a venir al país. Como decía el difunto, pero comandante inmortal, Hugo Chávez: “No vayan a estar tumbando las puertas”, y con ellas el sumun de felicidad que nos embarga, lo que nos obliga a tratar de discernir entre la realidad y la ficción de la idea que nos están vendiendo.
La realidad.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) publicó su World Investment Report 2026, en la cual calcula la inversión extranjera directa para todos los países. En ella establece que Venezuela durante los dos últimos años, 2024 y 2025, no solo no tuvo inversión directa extranjera, sino que la misma (su capital acumulado), disminuyó en -2.328 millones de dólares en 2024 y en -367 millones de dólares en 2025. Sobre su situación en los ocho meses transcurridos del 2026, ningún organismo nacional ni internacional ha proporcionado una cifra. Esto es lo concreto.
La ficción.
En cuanto a la inversión extranjera directa, hay que distinguir entre inversiones anunciadas e inversiones ejecutadas y registradas. ¿Pero qué hemos obtenido durante el 2026?
A comienzos de año, el gobierno estimaba inversiones petroleras por US$1.400 millones, frente a unos US$900 millones en 2025. Sin embargo, los acuerdos anunciados posteriormente son considerablemente mayores y, en buena parte, corresponden a inversiones plurianuales, no exclusivamente a desembolsos de 2026.
CHEVRON anunció el 2 de septiembre que sus empresas mixtas en Venezuela proyectan invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, con el objetivo de elevar la producción hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios.
REPSOL pretende elevar 50% su producción petrolera en doce meses y triplicarla en tres años, pero no ha publicado en el anuncio consultado un monto de inversión que podamos incorporar responsablemente a un total.
La italiana ENI firmó el contrato para operar Junín 5, en la Faja del Orinoco. Fuentes de la industria sitúan la inversión prevista en aproximadamente 1.500 millones de dólares. La empresa señala que Junín 5 produce actualmente unos 12.000 b/d y plantea alcanzar, sumando sus proyectos venezolanos, unos 400.000 b/d hacia finales de la década.
HEENEY CAPITAL, asociada con Mercuria, obtuvo derechos para operar el proyecto aurífero Choco, en El Callao. La inversión inicial se estima en hasta US$1.000 millones.
HALLIBURTON acaba de firmar acuerdos con Eneva y WESCA, pero por ahora no pasan de memorandos para explorar proyectos, no inversiones ejecutadas.
CONTINENTAL RESOURCES firmó un memorando para desarrollar Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, área con unos 30.000 millones de barriles de recursos in situ. La empresa, en septiembre, todavía estaba en fase de evaluación, estudios sísmicos y estructuración del proyecto; por tanto, no conviene contabilizarlo aún como inversión realizada.
Además, aparecen Hunt Oil, Primavera, Aspect Holdings, KEO Capital y otras compañías.
Aquí se está produciendo una apertura bastante significativa. Shell, BP, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC Holding de Catar han avanzado acuerdos para desarrollar Loran, en la Plataforma Deltana, con la perspectiva de producir gas costa afuera y eventualmente exportarlo. Shell había obtenido la primera fase y el resto del consorcio participa en una segunda etapa.
Paralelamente, Eni y Repsol mantienen Cardón IV–Perla, actualmente la principal operación privada de gas del país. Ambas firmaron un acuerdo para asegurar la producción durante 2026 y ampliar posteriormente el proyecto. Eni afirma que Perla representa aproximadamente 35% del consumo venezolano de gas.
Trafigura también obtuvo acceso al oro venezolano durante el año, aunque la búsqueda para encontrar una cifra pública suficientemente sólida de inversión para incorporarla a un total resultó infructuosa.
Estas cifras de intencionalidad están fundamentadas en un marco legislativo, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, que establecen un impuesto máximo del 15% sobre los ingresos brutos, que difícilmente será sostenible apenas Venezuela tenga un gobierno representativo. ¿Mantendrán el mismo interés?
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